Para saber de qué se trata, y no morir en el intento

El Decreto 206/09 publicado en el Boletín Oficial el 20 de Marzo de 2009 por Poder Ejecutivo crea el FONDO FEDERAL SOLIDARIO, con la finalidad de financiar, en Provincias y Municipios, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes.
Este Decreto tiene características similares al proyecto del Poder Ejecutivo enviado al Congreso Nacional en el 2008, mediante el cual pretendía ratificarse la Resolución 125. (…)
Una vez más, el gobierno intenta tapar sobre anuncio de políticas de justicia social y de federalismo la falta de intención de terminar con el conflicto que ellos mismos han generado. A esto hay que sumarle, que a fines del año pasado se hizo un anuncio de inversión en obra pública -sobre todo respecto a vivienda, cloacas, escuelas- por un valor de 111.000 millones de pesos, parte de ellos financiado por la ANSES. Las obras aún están si ser ejecutadas y en definitiva el anuncio de este plan fue en el marco de una clara distribución federal de obras por lo que destinar estos fondos para las mismas sería sobreabundante.

El Fondo estará compuesto por el TREINTA POR CIENTO (30%) de las sumas que el Estado Nacional efectivamente perciba en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados.
La Presidenta de la Nación dijo que ese Fondo se compondrá de aproximadamente 1.776 millones de dólares. Lamentablemente existe una sobrestimación de los niveles de recaudación. El fondo contará a lo sumo con 1.400 millones de dólares en el período 2009.
Según el Decreto en su artículo 2º, la distribución de esos fondos se efectuará, en forma automática, entre las Provincias que adhieran, a través del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley Nº 23.548 y sus modificatorias.
Si bien no es aclarado aquí, en los fundamentos demuestra específicamente que la forma de distribución no será el 30% a las provincias sino que será “conforme los mismos porcentajes establecidos en los artículos 3º, 4º, 8º, correlativos y concordantes de la Ley Nº 23.548 y sus modificatorias.” De esta forma queda en evidencia que en definitiva lo que llegará a las provincias es solo el 16% de lo recaudado por derechos de exportación y no el 30% como fue manifestado en el discurso de la presidenta de la Nación. Esto se debe a que el Art. 3 de la Ley 23.548 y sus modificatorias establece la distribución primaria de la masa coparticipable: 42.34% a Nación y 54.66% a las provincias. Por lo tanto, de los 1.776 millones de dólares a las provincias solo recibirán 971 millones de dólares, es decir un incremento del 5% por sobre lo proyectado de coparticipación para las provincias para el 2009, seis puntos por debajo de lo que declaró la Presidenta (11%).
No obstante hay que hacer algunas especificaciones al respecto:
1) Si se toman los valores reales de recaudación, el dinero del fondo que efectivamente va a llegar a las provincias no van a significar más que una suba del 4% respecto a la coparticipación proyectada para el 2009.
2) En el marco de un déficit consolidado de las provincias de alrededor de 13 mil millones de pesos, 3.400 millones de pesos no resuelven el problema, menos aún 2.700 millones de pesos si se estima correctamente la recaudación.
Las Provincias que expresen su adhesión a esta medida, y que, en consecuencia, resulten beneficiarias del fondo, deberán establecer un régimen de reparto automático que derive a sus municipios las sumas correspondientes, en proporción semejante a lo que les destina de la coparticipación federal de impuestos. Dicha proporcionalidad no podrá nunca significar un reparto inferior al TREINTA POR CIENTO (30%) del total de los fondos que a la Provincia se destinen por su adhesión a esta norma.

Respecto a los derechos de exportación y coparticipación
Esta medida impuesta por el Gobierno sigue vulnerando el principio de legalidad, es decir, que todos los tributos (incluidos los derechos de exportación) deben ser establecidos por el Congreso de la Nación. Esto lo viene reclamando desde el año pasado la oposición, y el oficialismo se niega a tratar el tema en el Congreso de la Nación.
Esta medida complica aun más el LABERINTO DE LA COPARTICIPACIÓN FEDERAL, que a pesar de existir una inmensa cantidad de proyectos para su análisis no ha sido modificada. Lo que se esconde en realidad es la necesidad de cumplir con el mandato Constitucional de la reforma de 1994 que consiste en establecer un Régimen equitativo y transparente de Coparticipación Federal, en acuerdo y armonía con las Provincias.
En el mes de abril y mayo próximos vencen los Impuestos Nacionales anuales: Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta. Por lo tanto el impacto en una menor recaudación se sentirá a partir de julio de este año (luego de las elecciones), es ahí donde los presupuestos de los distintos sectores de la Administración Nacional no podrán ejecutarse como lo planeado por falta de recursos. Y lo que debe resolverse también es la distribución equitativa del gasto público eliminándose todo manejo discrecional por parte del Gobierno Nacional.
De esta forma sería prudente que el Congreso de la Nación (cuyos representantes defienden los intereses de sus provincias) decida sobre el nivel adecuado de retenciones y con eso garantizar un nivel de rentabilidad razonable al productor y recaudación suficiente a las Provincias vía Coparticipación.